Por unanimidad, el Senado de la Nación Argentina aprobó el «Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe», más conocido como el “Acuerdo de Escazú” -en referencia al distrito costarricense en el que se adoptó el tratado-. De esta manera, si el proyecto corre con la misma suerte en la cámara de Diputados, Argentina se convertirá en el décimo país de la región en ratificarlo, y solo faltaría que se apruebe en un onceavo país para poder ponerlo en marcha.
Pero, ¿de qué se trata? En principio, Escazú es el primer acuerdo vinculante de América Latina y el Caribe, en el que participaron 22 de los 33 países de la región, con el objetivo de garantizar derechos de acceso a la información, a la participación pública en la toma decisiones y a los procesos administrativos y judiciales que estén vinculados a los asuntos ambientales. También busca proteger el derecho a vivir en un medioambiente sano, en el que se cuiden los recursos naturales y se proyecte un desarrollo sustentable.
Asimismo, este acuerdo es el primero en el mundo en contemplar la protección de las y los defensores del medioambiente. Este es un dato no menor, teniendo en cuenta que, según un informe que presentó Global Witness, en 2019 se registraron 212 asesinatos de activistas ambientales, la mayoría de ellos, efectuados en Colombia. Un récord que asusta.
Este acuerdo es el primero en el mundo en contemplar la protección de las y los defensores del medioambiente. Este es un dato no menor, teniendo en cuenta que, según un informe que presentó Global Witness, en 2019 se registraron 212 asesinatos de activistas ambientales.
Por otra parte, el tratado busca que se tenga en cuenta a poblaciones vulnerables y grupos excluidos que se ven afectados por la explotación desmedida de los recursos naturales, e insta a los estados a que supervisen y aseguren el cumplimiento de las normas a favor del cuidado ambiental y ciudadano. Además, impide que deroguen las garantías y derechos antes mencionados.
Cabe señalar que, por el momento, solo nueve países revalidaron su participación en el acuerdo: Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nevis y San Vicente y las Granadinas. Y para que entre en vigor, se necesita que al menos dos naciones se sumen antes del 26 de septiembre. De lograr su implementación, representaría una nueva forma de gestionar conflictos ambientales y un fuerte compromiso en materia de derechos humanos.
