Entró en vigor en la UE y el Reino Unido el ‘Derecho a reparar’, una ley aprobada por el Parlamento Europeo (PE) en noviembre de 2020 que obliga a los fabricantes de heladeras, lavarropas, secadores de pelo, televisores y otros electrodomésticos a garantizar que sus productos puedan repararse durante al menos un periodo de diez años.
La finalidad de esta normativa es aumentar la durabilidad de los productos tecnológicos y, en consecuencia, reducir su huella ambiental. Se trata de una medida urgente. Según un estudio de las Naciones Unidas, en 2019 se generaron 53,6 millones de toneladas de residuos electrónicos en todo el mundo, nueve toneladas más que en 2014. Cada año, los europeos producen más de 16 kilogramos de este tipo de desechos por persona. Casi la mitad de estos desperdicios son electrodomésticos estropeados, y la UE solo es capaz de reciclar el 40%. El resto se convierte en una enorme montaña de basura de material potencialmente peligroso.
Además de un beneficio para la sostenibilidad del planeta, la iniciativa favorece a los consumidores europeos, que sufren desde hace décadas las consecuencias de la obsolescencia programada. Este concepto, cuyo uso se remonta a la década de los cincuenta del siglo pasado, se refiere al modelo de producción que limita la vida útil de los artículos tecnológicos con el fin de incrementar el lucro económico de las empresas.
Según el texto aprobado por Bruselas, el objetivo de la ley es que las reparaciones sean “más atractivas, sistemáticas y rentables, ya sea ampliando garantías, proporcionando garantías para las piezas reemplazadas o un mejor acceso a la información sobre reparación y mantenimiento”. En la práctica, esto significa que los fabricantes estarán obligados a proveer los manuales y disponer durante diez años de las piezas necesarias para que los compradores puedan restaurar los dispositivos que adquieren con herramientas convencionales.
Los fabricantes estarán obligados a proveer los manuales y disponer durante diez años de las piezas necesarias para que los compradores puedan restaurar los dispositivos que adquieren con herramientas convencionales.
Hoy en día, reparar uno de estos electrodomésticos por cuenta propia es una misión casi imposible. Entre otras cosas, porque solo los operarios de los servicios técnicos oficiales o autorizados por estas empresas disponen de los instrumentos específicamente diseñados para recomponer estos productos. Los de las cajas de herramientas “domésticas” no sirven.
Las nuevas normas suponen una victoria a medias para los consumidores. Por un lado, será más difícil justificar la habitual exhortación de los comerciales a adquirir productos nuevos por aquello de que “saldrá más cara la reparación” del anterior. Sin embargo, la ley permite a los fabricantes reservar los componentes de repuesto de sus máquinas para estos servicios profesionales, de modo que la reparación de electrodomésticos por uno mismo, lo que se conoce como prácticas DIY (Do It Yourself, o Hazlo tú mismo) seguirá siendo complicada.
Más plausible se antoja el provecho que pueda extraer de esta normativa la industria dedicada a la reparación de productos tecnológicos. El director de Asuntos Legales y Económicos de la organización europea de consumidores (BEUC), Agustín Reyna, considera que se podrán crear «muchos empleos locales en el sector de la reparación y en el mercado de segunda mano». Ello redundaría en un beneficio para los consumidores: “Otras personas se pueden beneficiar de un producto que funciona y comprarlo a un precio más asequible que nuevo», reflexiona.
Con el fin de fomentar el consumo responsable, la ley dispone que los clientes cuenten con información veraz sobre la durabilidad de los productos. «¿Cómo podemos esperar que los consumidores tomen una decisión sostenible si tan siquiera están debidamente informados sobre cuánto durarán los productos que compran?», se preguntaba el eurodiputado francés de los Verdes, David Cormand.
Una de las iniciativas que ya se han puesto en marcha consiste en obligar a las empresas fabricantes a declarar cuánto tiempo durarán sus electrodomésticos y cuáles son los posibles métodos de reparación para los dispositivos. El primer país en dar un paso en este sentido fue Francia, donde los smartphones, televisores o portátiles tienen que incluir una etiqueta con una clasificación del 1 al 10 que indique la posibilidad de reparación de un producto. De este modo, el usuario está plenamente informado de qué facilidades existen para un hipotético arreglo en el futuro.
Según un sondeo del Eurobarómetro realizado en 2017, el 77% de los ciudadanos de la UE preferirían reparar sus bienes que comprar otros nuevos, pero en última instancia tienen que reemplazarlos o descartarlos porque se sienten frustrados por el costo de las reparaciones o el mal servicio técnico que les prestan las empresas fabricantes.
